Los DDHH

En la última clase de Formación Ética y Ciudadana, con la profesora Maria Laura Nasjleti, comenzamos a leer sobre los Derechos Humanos. Entre estos se pueden diferenciar los económicos, los sociales y los culturales. Igualmente, dentro de estas divisiones se encuentran los derechos a una vivienda y trabajo digno, una alimentación y educación básica, a la salud, a la participación y a la seguridad social. Estos, están avalados por la Constitución Nacional así como por los Tratados Internacionales.

Teniendo en cuenta esto, la profesora nos asignó buscar 4 artículos de diario que estén relacionados con 4 de los 7 derechos mencionados, y comentarlos. En mi caso, me tocó buscar sobre los derechos del trabajo, de vivienda, de seguridad social y de alimentación.

Trabajo

La Presidenta anunció un plan para fomentar el trabajo registrado
(2014)

Dijo que la precarización laboral “es el segundo problema que enfrentan los trabajadores”. Habrá descuentos para aportes patronales de microempresas. Y le quitarán subsidios a los empleadores a los que les detecten irregularidades.


Cristina Kirchner aprovechó un acto en Casa Rosada, para inaugurar el Salón de los Pueblos Originarios, y anunció que enviará al Parlamento un proyecto de ley contra el trabajo precarizado.

La Presidenta señaló que el trabajo en negro “es el segundo problema que enfrentan los trabajadores” y que la expectativa del proyecto Promoción del Empleo Registrado es “formalizar a 650.000 trabajadores en dos años”.

“El que figura en negro no tiene obra social, no tiene derechos, si lo echan no cobra su indemnización, no es sujeto de crédito porque no tiene recibo de sueldo, además los salarios son muy inferiores, o sea no es un sujeto de derechos laborales”, afirmó.

La mandataria adelantó que la iniciativa planea eximir de pagar aportes patronales, a todas aquellas microempresas que tengan hasta cinco trabajadores. También las empresas que emplean de siete, 15 y hasta 80 trabajadores tendrán exenciones impositivas.

Y advirtió al sector empresarial, que “aquella empresa que viole esto (el trabajo registrado) va a perder los beneficios que recibe del Estado, esto no es ninguna amenaza, es simplemente cuidar los recursos de todos”.

Para esta tarea anunció la creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), coordinado desde el Ministerio de Trabajo, “para poder articular toda la inmensa cantidad de datos, y cuando detectemos que un empleador ha violado las normas y tiene empleo en negro”.

Además, le pidió a los sindicatos “que sigan trabajando por conseguir que se mantengan los puestos de trabajo que hoy tenemos los argentinos y por reducir la precarización laboral”.

Finalmente, la jefa de Estado expresó su solidaridad “con el pueblo hermano de Chile, por la terrible tragedia que está viviendo”. Y señaló que desde la Argentina se enviaron seis aviones hidrantes y más de 35 brigadistas para combatir el fuego que azota.

En el año 2014, la Presidenta de aquel momento, Cristina Fernández de Kirchner afirmó que la mayor sección de los trabajadores argentinos trabajaban en condiciones precarias, y por lo tanto, no cumplían con todos los requisitos. De esta manera, no gozaban de sus derechos como trabajadores. Ante este problema, esta decidió exentar de impuestos a toda empresa pequeña, para así tener la posibilidad de mejorar sus condiciones y hacer el trabajo más digno para el ciudadano.

Vivienda

El acceso a una vivienda digna sigue sin mejorar
El 13% de la población urbana del país vive en casas precarias.

El problema de las viviendas precarias persiste y no mejora. Alcanza al 11% de los hogares urbanos, lo que equivale al 13% de la población. Y si se examina la situación de los hogares sin baño, retrete o descarga mecánica de agua, ocurre lo mismo: afecta al 8,7% de las familias y al 9,3% de la población.

“En la Argentina, el acceso a una vivienda digna constituye una problemática estructural que durante las últimas décadas no ha recibido una solución efectiva. Dos de las consecuencias inmediatamente observables del estancamiento en la posibilidad de acceder a una vivienda digna han sido la casi inmovilidad de las tasas de propiedad, alquiler y tenencia irregular durante las últimas cuatro décadas, y el crecimiento y expansión de las urbanizaciones informales como villas y asentamientos precarios, donde actualmente habita cerca del 5% de la población del país”, dice el informe de la UCA.

Y detalla la dificultad para modificar este escenario estructural, como el atraso en la edificación de viviendas sociales; la inaccesibilidad al crédito hipotecario que lleva a los estratos medios a saturar el mercado del alquiler, la falta de inversión y planificación pública principalmente en las zonas más pobres y los grandes desequilibrios regionales, que conllevan el problema de que algunas ciudades y provincias expulsen población y otras las atraigan sin posibilidad de dar respuesta urbana y habitacional a los nuevos habitantes.

Lo que examina el informe son 5 indicadores que reflejan el déficit de acceso por parte de las familias urbanas a una vivienda digna: la tenencia irregular (12,4% de los hogares), la precariedad material (11%), la ausencia de baño o inodoro, o presencia de retrete sin descarga mecánica de agua (8,7% de las familias), el hacinamiento (3 o más personas por cuarto, que afecta al 7% de los hogares) y el temor a perder la vivienda (7,1%).

Este artículo de 2013, explícitamente plantea que una gran parte de la población vive bajo condiciones indignas con respecto a su vivienda, en lugar de seguir con las cláusulas de seguridad, disponibilidad de servicios, la satisfacción de las necesidades básicas, habitabilidad, y con acceso a otros servicios esenciales. Especialmente dice que esta situación se ve más comúnmente es las urbes, ya sea porque las familias viven hacinadas, sin un baño o sin acceso a una fuente de agua potable.

Seguridad social

Polémica en la Justicia por un receso del fuero previsional
Cambiarán el sistema informático. Mientras, los jubilados no podrán tramitar juicios. Un juez afirma que “se agravará la privación de justicia”.

Ismael Bermúdez
Desde el 25 de marzo hasta el 10 de abril el fuero de la Seguridad Social estará de “feria” y no atenderá al público ni recibirá demandas de los jubilados. La medida- que alcanza a 17 días corridos y 11 días hábiles-  fue adoptada por la Corte Suprema para permitir implementar cambios en el sistema informático. Sin embargo, generó malestar entre los camaristas del fuero.

El camarista Luis Herrero le dijo a Clarín que “según nuestros técnicos informáticos, el nuevo sistema sería un retroceso con relación al actualmente vigente, el cual fue confeccionado en forma especial para el fuero de la seguridad social, que obviamente tiene peculiaridades que no son comunes con otros fueros, como el civil, comercial o contencioso administrativo”.

A eso se agrega, según Herrero, que por la feria se acumularán demandas que ingresarán en “malón” el primer día posterior a la feria.

Según las cifras oficiales, por mes ingresan en los 10 juzgados alrededor de 900 expedientes en cada uno y 1.000 apelaciones en cada una de las tres salas de la Cámara.

En tanto, Herrero señala que “esta paralización agrava la privación de justicia que hoy existe en el fuero de la Seguridad Social con alrededor de 70.000 expedientes paralizados en Lavalle 1441 (un lugar alquilado como depósito) a la espera de poder ingresar a cada una de las Salas a las que fueron sorteados, y los 30.000 que están en trámite en las tres Salas”.

Herrero también cuestiona que la Corte haya dispuesto la transferencia de la competencia de la Seguridad Social a tribunales del interior del país obligando a “empaquetar” gran parte de los expedientes y remitirlos a las provincias.

Sin embargo, frente al “colapso” de la Cámara, la Corte tenía la solución al alcance de la mano, asegura Herrero: decidir en cualquiera de los miles de expedientes del interior que tiene paralizados desde hace más de cinco años qué alcance darle a las leyes locales que fijan el 82% móvil a los jubilados de las cajas transferidas. En ese caso, nosotros, como camaristas, hubiéramos aplicado ese criterio –que obviamente es obligatorio para los jueces inferiores- y en tres meses el colapso hubiera desaparecido”.

Se calcula que las demandas por reajustes de las jubilaciones suman más de 300.000. Y que la ANSES está pagando ahora más de 40.000 sentencias por año.

Con respecto a la Seguridad Social del país, en 2015, en la Cámara de Diputados se discutió sobre las asignaciones correspondientes a los jubilados. Esto hace referencia a uno de los roles de la Administración Nacional de la Seguridad Nacional (la ANSeS) que promete la cobertura de la salud como ciudadano. Uno de las obras sociales encargadas de este rubro que la componen es el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Con el déficit expuesto en el artículo elegido, los derechos de estos trabajadores en situación de dependencia están en peligro, por lo que intentan recuperarse.

Alimentación

Denuncian a la Argentina por violar el derecho a la alimentación
(2003)

Dos ONG internacionales acusaron al Estado argentino ante la ONU de repartir programas alimentarios “como dádivas de un sistema clientelista y de sujeción política”


7 de mayo de 2003  • 11:52
El Estado argentino fue denunciado en las Naciones Unidas porque “está violando el derecho a la alimentación adecuada de millones de sus ciudadanos” y reparte programas alimentarios “como dádivas de un sistema clientelista y de sujeción política”.

Así lo informaron hoy las dos ONGs consultivas del organismo mundial que radicaron la denuncia en Ginebra: FIAN (Food First Information & Action Network) y EED (Servicios de las iglesias Evangélicas en Alemania para el Desarrollo).

La denuncia, según se consignó, está basada en el resultado de una misión investigadora que especialistas de ambas organizaciones hicieron en el país, recorriendo poblaciones de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, y Buenos Aires para “establecer el estado del derecho a la alimentación adecuada en Argentina”.

Con respecto a los derechos a la alimentación, en 2003, se acusó a la nación Argentina de no cumplir con los mismos. Organizaciones no Gubernamentales, anunciaron a la ONU que habían, notado que la alimentación adecuada obligatoria para toda la población no estaba siendo equivalente para todos los ciudadanos como debería ser.

 

Adicionalmente, la última semana de agosto de este año, en el medio de una crisis económica, el actual Presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, decidió como jefe del Estado, reducir su Gabinete de 22 ministerios a 11. De esta manera, desaparecieron los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Modernización, de Cultura, de Turismo, de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, de Agroindustria, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el ministerio de Salud.

Mientras tanto, prevalecieron los ministerios del Interior, Obras Públicas y Vivienda, de Relaciones Exteriores y Culto, de Defensa, de Hacienda, de Justicia y Derechos Humanos, el de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Producción y Trabajo, de Transporte, de Desarrollo Social, y, por último, el de Seguridad.

Por: Anouk de Laferrere

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